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En el Congreso se
encuentra en trámite
un proyecto de ley
que modifica la ley
de control de armas.
La inspiración de
este proyecto no
puede ser más ilógica:
como la delincuencia
ha venido aumentando
de manera sistemática,
se hace necesario
ejercer mayor
control sobre las
armas que los
ciudadanos poseen
legalmente. Por
cierto que ninguno
de los controles que
se establecen
afectarán a los
delincuentes,
quienes, por
definición, no
cumplen la ley. Peor
aún, ahora se
sentirán más
seguros, porque los
ciudadanos tendrán
trabas adicionales
para defenderse.
Pero, además,
cuando se revisa en
detalle el proyecto
se encuentran normas
que no sólo son ilógicas,
sino que atentan
contra los derechos
de los ciudadanos.
Así, se
establece que la
policía podrá
ingresar cuando
estime conveniente
al domicilio de las
personas que tengan
un arma registrada,
para constatar si la
mantiene en ese
lugar como ordena la
ley. Paradójico,
porque si la policía
sospecha que alguien
tiene un arma robada
en su casa, requiere
de autorización
judicial para
ingresar a su
domicilio, pero tratándose
de ciudadanos que
cumplen la ley, la
policía puede
ingresar a su hogar
sin autorización de
nadie. En otros términos,
se entrega protección
y garantías a los
delincuentes que no
se reconocen a los
individuos
respetuosos de la
ley.
Por otra parte,
se dispone que si
una persona pierde
la aptitud física o
psíquica compatible
con el uso de armas
de fuego, deberá
transferir aquellas
que posea a otra
persona apta. Con
esto, al envejecer
todas las personas
serán privadas de
las armas que
posean. Esta
disposición
violenta claramente
el derecho de
propiedad
garantizado en la
Constitución, según
el cual "nadie
puede, en caso
alguno, ser privado
de su
propiedad",
sino en virtud de
ley general o
especial de
expropiación y que
en este caso
"el expropiado
tendrá siempre
derecho a
indemnización por
el daño patrimonial
efectivamente
causado". Se
consagra aquí la
confiscación de
bienes propios bajo
el subterfugio de
obligar a
transferirlos a
otro.
Es inaceptable
que las leyes se
dicten sobre la base
de desconfiar de los
ciudadanos. Estos no
tienen por qué
estar sometidos al
escrutinio de la
autoridad y
justificando a
priori que no
incumplen la ley;
menos aún cuando
los delincuentes
siguen en la calle
gozando de las más
amplias garantías.
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